¡¡LA IGLESIA CANTÓ LA POSTA!! SI SE MATAN ENTRE ELLOS, ¿CÓMO NO NOS VAN A CAGAR A NOSOTROS?”
Un desajuste presupuestario sin precedentes amenaza la cobertura vital de miles de personas mientras la tensión política escala en el Congreso
La incertidumbre económica y los recortes financieros impulsados por el gobierno central han colocado al sistema nacional de atención a personas con discapacidad al borde de un colapso irreversible.
El representante de la Comisión Arquidiocesana para las Personas con Discapacidad, Pablo Molero, dialogó de manera directa con el periodista Diego Shurman para exponer la gravedad absoluta de las medidas que proyecta la administración pública.
El riesgo directo y confirmado recae sobre la atención médica esencial que reciben actualmente entre 200,000 y 250,000 personas en todo el territorio nacional.
Las personas afectadas que dependen de obras sociales, empresas prepagas, el PAMI y el programa Incluir Salud corren el peligro real de perder sus prestaciones operativas de manera definitiva.
Bajo el nuevo esquema propuesto por el Poder Ejecutivo, el arancel único por prestación que garantizaba la equidad y la calidad en el sistema queda totalmente destruido.
Esta desregulación obliga a cada institución privada y pública a negociar costos de forma individual, provocando un desfasaje negativo del 30% en los reconocimientos de costos operativos.
La actriz Valentina Bassi, reconocida figura pública y defensora activa de esta causa, definió la existencia del nomenclador único como un pilar imprescindible para sostener el funcionamiento institucional sin distinciones de ingresos.
La abolición de esta norma implica que solo aquellas personas con recursos económicos elevados podrán acceder a la atención requerida, dejando totalmente fuera del sistema a los sectores más vulnerables.
La reforma gubernamental ataca también el otorgamiento de las pensiones por discapacidad destinadas a personas en situación de pobreza extrema, eliminando el acceso automático al Programa Federal de Salud.
Al reinstaurar el criterio estricto de incapacidad laboral para calificar a estos beneficios, los niños con discapacidad quedan privados legalmente de recibir una pensión estatal.
En el plano estrictamente político, la ministra Patricia Bullrich identificó la inviabilidad parlamentaria del proyecto oficialista, anticipando que la propuesta presupuestaria carece de los votos necesarios para avanzar en el Poder Legislativo.
Un intento previo por imponer este mismo ajuste mediante un proyecto enviado meses atrás a los senadores fue frenado de manera categórica por la oposición y la presión social.
El periodista Diego Shurman y el analista Alejandro señalaron la contradicción deliberada del gobierno al incrementar de forma sustancial los fondos asignados a la Secretaría de Inteligencia del Estado mientras ejecuta severos recortes en las áreas de salud pública.
Desde la llegada de la actual gestión gubernamental, las deudas acumuladas con las instituciones de salud se han multiplicado de manera constante, interrumpiendo la entrega de medicamentos esenciales como anticonvulsivos, antipsicóticos y productos de higiene básica.
Ante la falta de respuesta estatal, las propias instituciones de contención han tenido que financiar de su propio bolsillo la compra urgente de remedios para evitar la muerte de los pacientes.
El conflicto social se profundiza con movilizaciones masivas en las calles donde las familias afectadas avanzan junto a los propios enfermos para exigir la restitución inmediata de los fondos recortados.
Fuente: Revolución Popular Noticias
